La madurez de un programa de cumplimiento, según la experiencia de muchos oficiales de cumplimiento y ética, se mide por la efectividad de la gestión de políticas en compliance. Y esto se consigue con la puesta en práctica de las mejores prácticas reconocidas internacionalmente para este propósito.
Con un entorno dinámico y bien nutrido de leyes y regulaciones, implementar un sistema de compliance es una muy buena idea. De hecho, se ha convertido en una necesidad para proteger a las organizaciones de las sanciones civiles y penales derivadas del incumplimiento y del daño reputacional irreparable que afectaría a la marca.
El acoso laboral en un sistema de cumplimiento representa un área de alto riesgo donde las organizaciones deben ejercer su responsabilidad. Por ello, ocupa un lugar destacado en las preocupaciones de un oficial de cumplimiento.
Por supuesto, la lucha contra el acoso laboral es una misión que deben abordar los profesionales de compliance, pero también requiere el liderazgo de la alta dirección y el compromiso de los empleados en todos los niveles.
Evitar sanciones, multas y penalizaciones es una tarea a la que se enfrentan a diario las organizaciones y aún más en los últimos años.
Es por ello, que el concepto de Compliance o de Cumplimiento Legal, cada día adquiere más y más fuerza, sobre todo, en el ámbito empresarial.
Toda organización tiene una proyección externa que la relaciona con terceras partes. Esto provoca que su responsabilidad penal no solo dependa de si misma, sino también de terceros que estén integrados en el entorno de su dominio social: autónomos, trabajadores subcontratados, clientes, proveedores o partners y socios de negocio. Esto quiere decir, que las actividades de todos estos agentes con los que una empresa o institución se relaciona en el ejercicio de su actividad pueden provocar una serie de riesgos tan significativos como los que puedan provocarse desde la propia organización.
El canal de denuncias, como su propio nombre indica, se trata de un canal de comunicación de carácter interno a través del cual, cualquier persona puede formular una denuncia anónima sobre comportamientos o escenarios irregulares o delictivos llevados a cabo por los propios empleados o terceras personas que tengan algún tipo de vinculación mercantil. De este modo, le llegará al compliance officer o responsable de cumplimiento normativo de la organización.
Un Sistema de Gestión Compliance o cumplimiento normativo ejerce una doble aportación de valor a la empresa: por un lado, contribuye a garantizar el respeto a la legalidad y la confianza, y, por otro, actúa como mecanismo de atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en caso de que se lleven a cabo determinados delitos por miembros de la organización.
Durante la gestión fiscal, contable y jurídica las personas pueden ser partícipes de un delito fiscal. Las firmas que asesoran a empresas, pueden ser consideradas co-autoras o participes de los delitos de sus clientes y un pacto de buena conducta no les librará de que sean investigados por cometer, supuestamente, algún delito de carácter fiscal.
Todas las personas son, ante terceros, responsables de sus actos u omisiones. De manera que se pueden ver perjudicados por estos, pudiendo en algunas ocasiones, derivar en responsabilidad penal.
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